Posturas/Territorio

El Pueblo Mendocino Necesita Un Plan de Ordenamiento Territorial

17 abrilDesde la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, organización que actualmente nuclea campesinos y campesinas, agricultores, trabajadores rurales sin tierra, organizados en 8 departamentos de la provincia, ratificamos nuestra posición sobre la necesidad del pueblo Mendocino en cuanto a consolidar políticas públicas que permitan la planificación del uso del suelo en función de un modelo de desarrollo provincial, de carácter popular, articulado al modelo Nacional y de cara a nuestra Patria Grande Latinoamericana.

En el actual marco de crisis y globalización neoliberal, con hegemonía del capital financiero, los países del Sur del planeta asistimos a una gran ofensiva de las corporaciones transnacionales y el capital especulativo sobre nuestras tierras, aguas y bienes naturales. La subordinación de nuestras riquezas bajo esa dinámica impide el desarrollo sustentable de nuestros pueblos. La falta de planes de ordenamiento territorial y políticas de protección de nuestras economías y bienes, favorecen claramente a la estrategia imperial y neo colonial de EEUU y sus aliados.

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Dimos pasos importantes con la sanción de la ley de Ordenamiento Territorial, y luego de un proceso de discusión y participación establecer el Plan estratégico de la Provincia, sintetizado en Los compromisos del Bicentenario.

En ese marco queremos reivindicar que para los campesinos indígenas nucleados en nuestro Movimiento, el Ordenamiento Territorial debe apuntar a que sea la institucionalidad democrática y el poder popular establecido a través de la participación de organizaciones sociales quienes definan los destinos y uso de nuestros suelos y no, como viene siendo hasta ahora, que en el marco del libre mercado, sea el capital y el dinero quienes lo hacen.

El plan de ordenamiento Territorial debe poner fin a la especulación inmobiliaria y a la especulación en el precio de los alimentos, brindando así un nuevo escenario para la lucha contra la pobreza y generando que derechos básicos como alimentación, trabajo y vivienda se tornen efectivos para la totalidad del pueblo mendocino.

Tal como establece el Plan Estratégico de desarrollo, aprobado por el Consejo de Estado y luego por la legislatura reivindicamos que este plan debe:

Promover los valores que sostengan el modelo de desarrollo buscando: el bien común y la justicia social; la valoración de las personas, los grupos, las comunidades y los bienes comunes; el respeto por el trabajo y la convicción sobre la oportunidad de construir un destino compartido.

Avanzar en la construcción de acuerdos básicos en lo económico, lo social y lo territorial que garanticen la igualdad de oportunidades, la mayor generación y la mejor distribución de la riqueza, la disminución radical de la pobreza, la inclusión y el respeto a la naturaleza y al medio ambiente.

Crear oportunidades de pervivencia y desarrollo para los sistemas productivos de pequeña escala que afirman los procesos de desarrollo local y sus estilos de vida (productores artesanales, agricultores familiares, puesteros, pueblos originarios, pequeños chacareros, trabajadores sin tierra)

Promover y regular el acceso a la tierra y al agua para la producción local de acuerdo a las modalidades productivas de cada región, considerando la función social de la propiedad y la potencialidad de las tierras fiscales y las tierras en situación de abandono. Propender a la regularización dominial en todo el territorio de la provincia.

En este sentido tenemos la certeza de que estos objetivos estratégicos no pueden llevarse a cabo de la mano de las corporaciones transnacionales, y que los bienes Naturales, así como la tierra y el agua deben estar protegidos para que cumplan su función social y ecológica de manera que nuestro desarrollo sea sustentable.

Como lo hemos señalado anteriormente, es prioritario democratizar el acceso a la tierra (para el hábitat y la producción) como también el acceso al agua, tanto en consumo doméstico como productivo. Acciones básicas para establecer condiciones de Vida digna en el campo. Esto acompañado de una apuesta en la inversión pública para infraestructura y servicios en el campo, fortaleciendo el acceso a la salud y la educación y conectividad para la población rural y desarrollando dispositivos de apoyo la producción de los campesinos y agricultores Familiares, así como el desarrollo de mercados populares para comercializar sus productos.

El agregado de valor a la producción debe ser local, potenciando la agroindustria de pequeña y mediana escala, que genere fuentes de trabajo en el ámbito rural y democratice las ganancias a lo largo de toda la cadena productiva.

El fomento de la asociatividad y la cooperativización de los productores, es otro elemento fundamental.

El desarrollo de la agricultura campesina y familiar, es a base para que la ruralidad se desarrolle y atraiga a los pobladores para que migren de la Ciudad al campo.

Frente a la Audiencia pública y el momento actual del proceso sostenemos:

  • Como es de público conocimiento, el documento preliminar que se difundió en primera instancia contiene contradicciones y conceptos que van en contra de estos principios.
  • El ministro Guillermo Elizalde ha reconocido públicamente esas contradicciones y se ha comprometido a que sean rectificadas garantizando el cuidado de los bienes naturales, especialmente el agua.

  • Los sectores corporativos vinculados a la Megaminería y a la especulación inmobiliaria, han presionado para que el proceso del Plan de Ordenamiento Territorial se vuelva a estancar, lo que en términos de la coyuntura, favorece al capital financiero y su proceso de subordinación de la agricultura y la explotación de bienes naturales en desmedro de los intereses populares.

Es por esto que dejamos expreso nuestro apoyo al proceso de discusión y aprobación al Plan de Ordenamiento Territorial condicionando a:

  • Que se eliminen del documento los párrafos que cuestionan o apuntan a la revisión o derogación de la ley 7722, conquista del pueblo mendocino.
  • Que se garanticen los espacios de participación popular, de aquí en adelante para todas las instancias próximas en el desarrollo del Plan y su ejecución.

  • Que cuando se conformen los Consejos Municipales se otorgue participación equitativa y con poder de debate y voto a las organizaciones civiles y sociales, a los consejos deliberantes y las instituciones involucradas.

  • Que tal como indica el consejo de estado se establezca políticas y programas hacia la función social de la propiedad, la democratización de la tierra y el carácter público del Agua bajo la prioridad de garantizar el Agua como un derecho Humano.

  • Que durante el proceso de desarrollo del plan, el estado debe garantizar la permanencia de los campesinos y agricultores familiares en la Tierra, propiciando mecanismos de emergencia tales como leyes que establezcan la suspensión de desalojos, el revelamiento de la situación posesoria y ocupacional, y facilitar el acceso a políticas nacionales de vivienda, empleo y fomento de la economía popular.

  • Tierra, Agua y Justicia

    Abril de 2014

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